Gregorio Santos deberá pagar S/100 mil para no volver a prisión

Luego de 25 meses en Piedras Gordas, hoy la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida de prisión preventiva contra Gregorio Santos, quien será procesado bajo comparecencia restringida. Sin embargo, su libertad estará sujeta a reglas de conductas y el pago de una caución.

Es decir, Gregorio Santos deberá pagar 100 mil soles en el plazo de 15 días útiles contados a partir de la notificación, de lo contrario se ordenará su reingreso al establecimiento penitenciario.

Además, no podrá ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso de la autoridad judicial y fiscal; deberá abstenerse de concurrir al domicilio y centros de trabajo de los testigos, peritos y otras personas que estén vinculadas con la investigación, y  concurrir mensualmente a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital e informar de sus actividades al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente.

Gregorio Santos, ex candidato a la Presidencia, es acusado de los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión simple y agravada por 11 licitaciones adjudicadas por su gestión al empresario Wilson Vallejos.

Días atrás, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había ordenado ampliar por 7 meses más la prisión preventiva que Gregorio Santos cumple desde junio del 2014.

Dicha ampliación fue apelada y esta mañana la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el pedido argumentando que se han atenuado las circunstancias agravantes que motivó que se le dicte prisión preventiva, entre ellas que “el número de imputados se redujo de 67 a 47”.

La Sala también valoró que Gregorio Santos “está recluido 25 meses sin que se haya resuelto, de manera definitiva, su situación jurídica y, además porque se presentó voluntariamente a la audiencia cuando se ordenó su prisión preventiva”.

Fuente: http://elcomercio.pe/

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A Santos le dictaron una prisión preventiva inicial de 14 meses

Más de dos años después sin que los fiscales hayan podido presentar las pruebas para acusarlo, un juez decidiera que el ex presidente de Cajamarca Gregorio Santos siga en prisión preventiva hasta febrero de 2017, cuando se cumpla el máximo de tres años.

A Santos le dictaron una prisión preventiva inicial de 14 meses por la acusación de asociación ilícita y colusión por, supuestamente, beneficiar a un amigo suyo en más de diez licitaciones organizadas por el gobierno regional de Cajamarca.

Cuando se venció ese plazo, la justicia extendió la prisión preventiva por once meses más, y ahora la justicia ha ampliado esta condición por siete meses adicionales.

El problema para Santos –y para la penosa situación de la justicia nacional– es que, en todo este tiempo, en vez de presentar las evidencias para acusarlo, los fiscales solo piden más tiempo para investigarlo.

La pregunta que cae por su peso entonces es, si en más de dos años, los fiscales no han podido reunir las pruebas, qué garantiza que lo podrán hacer en el plazo en el que Santos deberá permanecer en prisión, con la posibilidad –y, sin duda, el riesgo– de que, al final, no se pueda reunir la evidencia para acusarlo y condenarlo.

Gregorio Santos podría ser finalmente condenado o absuelto, pero aquí lo que se cuestiona es la necesidad de que él espere su sentencia estando en la cárcel, una situación que es injusta si se tiene en cuenta tanto el sentido común como el ordenamiento legal.

Con respecto a esto último, en el caso de Gregorio Santos no se cumplen, según el IDL, los tres requisitos básicos para que esté en situación de prisión preventiva, por lo que se le podía haber dictado una comparecencia restringida, lo que quiere decir libertad condicionada al cumplimiento de normas de conducta que aseguren su presencia durante todo el proceso sin peligro de fuga.

No hay duda de que la continuidad de la prisión de Santos resulta injusta, pero es imposible no ser suspicaz como para poder sospechar que la situación que enfrenta sea consecuencia de su posición contra la inversión minera en el país y, particularmente, contra el proyecto de Conga en Cajamarca.

Hay muchas decisiones judiciales en el país que parecen orientadas por la venganza política, y esta que perjudica a Santos parece una de ellas.

Por ello, él debe esperar su sentencia –cualquiera que sea– con comparecencia restringida y no con prisión preventiva. Lo contrario parece el uso subalterno de la justicia.

Fuente: http://larepublica.pe/

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Amplían prisión preventiva de Gregorio Santos por dieciocho meses más

A solicitud del Ministerio Público, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que despacha la jueza Zaida Pérez Escalante, decidió ampliar por 18 meses más la prisión preventiva del suspendido gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a quien se le investiga por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y colusión en agravio del Estado peruano.

 

El reelecto gobernador  cumple detención preventiva por 14 meses, que se cumplen el 24 de agosto. Según la ampliación dictada por el Poder Judicial, la nueva medida concluirá el 24 de febrero del 2017.

 

La jueza Zaida Pérez justificó su decisión por tratarse de una investigación compleja que es tramitada dentro de los alcances de la ley contra el crimen organizado. También tomó en cuenta la dificultad que existe para investigar a un número considerable de procesados. Además, alegó que aún faltan realizar diligencias importantes. 

 

Estas investigaciones tienen que ver con el análisis de los documentos recabados, la ejecución de pericias, recepción de información solicitada a la Cooperación Judicial Internacional y la incorporación de personas jurídicas al proceso.

 

La magistrada también determinó que está latente el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia por parte del investigado.

Reacción en Cajamarca

Tras conocer la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, los militantes del Movimiento de Afirmación Social (MAS) de Cajamarca se movilizaron por las principales calles de esta ciudad en rechazo a la determinación del Poder Judicial. 

 

La ampliación de la prisión preventiva de Gregorio Santos fue interpretada por los  miembros del MAS como una persecución política del gobierno, de los grupos de poder económico e incluso de la minera Yanacocha.

 

En Lima, el vicepresidente  del MAS, Olmedo Auris, dijo que la detención de Santos Guerrero tiene por finalidad demolerlo políticamente.

 

"La primera vez lo detuvieron para evitar que sea reelegido como gobernador regional y no lo consiguieron. Ahora quieren impedir que postule a la presidencia del Perú. Santos  se puso a derecho, asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y abrió las puertas del gobierno regional a la Contraloría. Esto es una monstruosidad jurídica y una condena anticipada", protestó.

 

Por su parte, Gregorio Santos dijo a través de Facebook que mientras Toledo, García, Keiko, Nadine y otros son investigados en libertad, "a mí me aplican una sentencia anticipada llamada prisión preventiva".

Claves

Detención. Gregorio Santos está recluido en el penal Ancón I desde el 25 de junio del 2014. 

 

Acusación. Al reelecto gobernador regional de Cajamarca se le acusa de haber entregado indebidamente millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Wilson Vallejos Díaz.

Fuente: larepublica.pe

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Se inició juicio a Gregorio Santos, piden 24 años de prisión por corrupción en gobierno regional

Acusación. La fiscalía ha pedido que se le imponga una pena de 24 años de prisión por delitos de asociación ilícita y colusión. Las audiencias se realizan en la Base Naval.

El juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional inició el control de la acusación fiscal contra el ex presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, el primer paso para el desarrollo del juicio público.

Acusación

Las audiencias se vienen realizando, desde la semana pasada, en la sede judicial de la Base Naval del Callao, revelaron ayer fuentes judiciales. El fiscal Walter Delgado ya sustentó oralmente la acusación penal contra Santos y otras 46 personas: familiares de la ex autoridad regional, ex funcionarios de Proregión y los empresarios favorecidos en las licitaciones.

Ayer el juzgado, que atiende la jueza Zaida Pérez Escalante, denegó las observaciones a la acusación presentada por Santos y el director ejecutivo de Proregión, José Panta Quiroga. En los siguientes días se debatirán las impugnaciones de los demás acusados.

La fiscalía ha pedido penas de 24 años y 20 años de prisión para "Goyo" Santos y Panta Quiroga, respectivamente, por dirigir e integrar una organización criminal destinada a cometer el delito de colusión, es decir, cobrar comisiones ilegales en 11 licitaciones de obras públicas.

Organización

De acuerdo con la fiscalía, Santos Guerrero estaba en el primer nivel de la organización; luego venían Juan Coronado Fustamante, José Panta y Percy Flores del Castillo; y, en un tercer nivel, Fuaad Absala Samham Graham, Herbert Bravo Saucedo, Fernando Díaz Carnero, Arístides Narro Miranda y Segundo Calua Gamarra.

Coronado Fustamante habría captado a la persona a la cual la organización criminal concesionó sus servicios, el empresario Wilson Vallejos Díaz; en tanto, José Panta, en Proregión, se habría encargado de que sus empresas y consorcios fueran beneficiadas con las licitaciones previstas, por un total de 36 millones de soles.

El fiscal ha presentado como pruebas las declaraciones de colaboradores eficaces, el cuaderno en el que Wilson Vallejos anotó los pagos que realizaba a Santos y los funcionarios de Proregión y registros de llamadas telefónicas, en las fechas que se realizaron dichos pagos.

Además, vouchers de depósitos bancarios, audios de acuerdos de pagos por las licitaciones, y los expedientes técnicos que fundamentaron los contratos de las obras públicas.

Una vez que la acusación sea aprobada en su integridad, la Sala Penal Nacional fijará la fecha y hora para el juicio público que determinará la sentencia.

Santos saldría en libertad en julio, antes de que termine el juicio

Está previsto que el próximo domingo 24 de julio, es decir, dentro de 33 días, concluya la prisión preventiva a la que está sometido Gregorio Santos desde el 16 de junio del 2014. Es decir, abandonará la prisión y seguirá afrontando el proceso en libertad, pero podría quedarse si los jueces consideran que es necesario garantizar su presencia en las audiencias del juicio público.

El 12 de junio debió quedar en libertad José Panta, pero la jueza Zaida Pérez dispuso que continúe privado de su libertad por otros siete meses, hasta el 11 de enero del 2017, fecha en la que se espera ya haya concluido este juicio.

La fiscalía supraprovincial podría pedir que se tome la misma medida respecto a Santos, elegido gobernador regional de Cajamarca.

Fuente: http://larepublica.pe/

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