FUJIMORISMO: MANIPULACIÓN DE LOS DIARIOS Y VENTA DE ARMAS A LAS FARC.

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• CASOS DIARIOS CHICHA.
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En el caso de los diarios Chicha, el procesado Vladimiro Montesinos declaro que estos actos los ejecuto por orden del ex presidente Alberto Fujimori.

Montesinos declaró también que financió diversos diarios desde 1997 hasta el 2000 con pagos de entre 500 a seis mil dólares por cada titular de portada a favor del régimen y en contra de la oposición. El dinero para estos pagos, según Montesinos, salió del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional y de los fondos que se desviaban del Ejército, la Marina y los ministerios de Defensa e Interior.

Estas son las principales conclusiones de la investigación que sobre el financiamiento de la llamada "prensa chicha" realizaron la jueza especial Magalli Báscones y el fiscal anticorrupción César Sotomayor. La indagación alcanza a 29 personas, entre jefes militares, publicistas y dueños de diarios, quienes deberán comparecer a juicio público ante la Sala Penal Superior Especial Anticorrupción.

• PROCESO POR TRAFICO DE ARMAS A LAS FARC
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Montesinos está acusado de ser la cabeza del tráfico de 10,000 fusiles AK-47 provenientes de Jordania, lanzados en paracaídas a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, un año antes de que Estados Unidos inicie el "Plan Colombia" para luchar contra el narcotráfico.

Montesinos teme este proceso pues podría costarle hasta 20 años de prisión y por eso intenta dilatarlo, usando recursos legales para aplazar la audiencia, reclamando que no se le permite comunicarse directa y personalmente con su abogada para elaborar su defensa.

En el proceso, junto a Montesinos fueron puestos en el banquillo de los acusados los hermanos José Luis y Frank Aybar Cancho, el paracaidista Santos Cenepo Shapiama y el vendedor de armas internacional Charles Acelor, así como 20 cómplices en el envío de los 10 mil fusiles AKM destinados al Frente 16 de la FARC.

Una arista que a surgido en este proceso, es la posible ingerencia de la CIA, por ello el Procurador Ronald Gamarra, solicito los testimonios de Robert Gorelick, (ex jefe de la CIA en Perú), Tomás B. Sánchez, segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en Lima, y John Stewart, funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI), a fin de que se establezca si tuvieron conocimiento de las ilícitas actividades de Montesinos en el trafico de armas a Colombia en 1999.

En agosto de 2000, el ahora prófugo Fujimori y Montesinos informaron, en conferencia de prensa, el descubrimiento de un contrabando de armas con destino final a las FARC. El conocimiento de tal hecho, fue atribuido a un exclusivo trabajo del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Montesinos afirmó que se había descubierto un contrabando de 10 mil fusiles AK-47 desde Jordania hacia el Perú, con destino final en la guerrilla colombiana. Sin embargo, meses después, el vendedor de armas jordano Sarkis Soghandian señaló que hizo el negocio directamente con el ex asesor peruano. Otros implicados en el caso sostienen que la operación se realizó por orden de Montesinos.

Las investigaciones de las fiscalías del Perú y Colombia llegaron a la conclusión de que los aviones cargados con armas tenían por destino Colombia, donde las cajas con los fusiles fueron lanzadas con paracaídas sobre una zona controlada por las FARC.

En un principio se pensó que la CIA, a través de su funcionario en Lima Robert Gorelick, fue la que había descubierto el contrabando de armas y avisó a Montesinos. Sin embargo, se reveló que fue el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia el que ya lo había descubierto en junio de 2000.

Marco Legal a considerarse en estos Procesos

En la Constitución Política del Perú en el Capítulo Cuarto, Título Primero, se establecen disposiciones referidas a la función pública, entre ellas la contenida en el artículo 41 sobre el caso de enriquecimiento ilícito de dichos funcionarios.

Por su parte, el Código Penal en su Título XVIII "Delitos contra la Administración Pública", Capítulo II "Delitos cometidos por funcionarios públicos", se establece la Sección Cuarta para regular los delitos referidos a corrupción de funcionarios:

fuente: www.monografias.com